Publicado el 21-05-2010 por E&E. Agencias.
En España 47 de cada 100 personas son dependientes -incluidos mayores de 65 años y menores de 16-, según un informe de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), que reclama el desarrollo de políticas que fomenten la actividad de todos los colectivos sociales.
Ese volumen supone que cada persona en edad de trabajar debe contribuir, de media, a casi la mitad de los gastos de una persona dependiente.
En cuanto al índice de envejecimiento, los datos de AGETT muestran que hay un 14,5% más de personas mayores de 65 años que de menores de dieciséis y estiman que para 2019 ese desequilibrio aumente hasta el 20%.
Además, en 2019 la tasa de dependencia del país -que permite conocer el número de personas potencialmente trabajadoras que mantendrán el sistema del bienestar- aumentará hasta el 55,2%, de manera que más de la mitad de la población española será dependiente, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Todo ello supondría un aumento del esfuerzo que tendría que realizar la población potencialmente activa para financiar las necesidades de los dependientes, apunta el presidente de AGETT, Francisco Aranda.
La actual coyuntura económica, con una tasa del paro en el primer trimestre de este año del 20,05% también hará más difícil mantener los gastos de la población dependiente y del fomento de la natalidad, explica el informe.
Por eso, Aranda sostiene que es necesario incentivar el empleo entre los jóvenes, promover la contratación de mujeres y de inmigrantes, e impulsar la conciliación de la vida laboral y familiar.
Según el INE, en abril de 2010 Canarias fue la comunidad autónoma con una menor tasa de dependencia (39,8%), seguida de las Islas Baleares (42,6%), Madrid (44,8%), Murcia (45,1%), Andalucía (45,5%) y Comunidad Valenciana (45,8%).
Del lado contrario se situaron Castilla y León (52,5%), Aragón (50,8%), Galicia (50,3%) y Extremadura (50,1%).
Por provincias, en 2009 Zamora tuvo la tasa de dependencia más alta con el 62,9%, seguida de Orense (61,6%), Soria (59,9%), Lugo (59,7%) y Ávila (58,5%), frente a Las Palmas (40,6%), Santa Cruz de Tenerife (41,9%) y Almería (42,4%).
El informe también recoge unas declaraciones de Aranda sobre el recorte de gasto del Gobierno en las que destaca que estas medidas eran necesarias, pero que no serán suficientes y considera que al Ejecutivo todavía le queda margen de maniobra para ajustar su estructura.