Publicado el 21-04-2010 por E&E. Agencias.
La formación profesional debería financiarse a través de un sistema mixto, con cotizaciones de las empresas, con mayor aportación pública y con un sistema de copago privado entre la empresa y el trabajador, según un grupo de expertos.
Así lo recomienda el informe "Mejor formación para crear más empleo" que ha sido coordinado por el consejero del Consejo Económico y Social (CES) Valeriano Gómez y patrocinado por la Fundación Élogos y que recuerda que en 2010 patronal y sindicatos deben renovar los IV Acuerdos de formación profesional.
Según este documento una de las consecuencias de la crisis económica será la necesidad de aumentar los niveles de formación para los desempleados, sobre todo del sector de la construcción que deberán emplearse y cualificarse en otros nuevos trabajos.
Por ello, consideran que Estado debería aportar "fondos adicionales" para formar a los trabajadores y a los desempleados, separadamente de las cotizaciones que aportan los empresarios y que actualmente es de 0,17 puntos sobre la base de cotización, la tercera parte de lo que cotizan en Francia.
Según Gómez "igual que el Estado ha hecho un esfuerzo importante para destinar la mitad del gasto a protección por desempleo, no estaría mal que aportara fondos públicos a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y de las cuentas de las CCAA".
Dicha aportación pública debería ser "selectiva" y dirigirse hacia colectivos de difícil acceso al mercado laboral, como son mayores de 45 años, inmigrantes o discapacitados.
Asimismo, el consejero del CES advirtió de que la elevada tasa de paro ha provocado una disminución en el número de cotizantes y de la previsible desaparición en 2013 del Fondo Social Europeo que aportaba ayudas a la formación.
En este sentido, también abogó por que el Gobierno incentive a las pymes a través de desgravaciones fiscales en el Impuesto de Sociedades si desarrollan programas formativos y que se pueda establecer un sistema de copago de cursos entre trabajadores y empresas.
El asesor de la Confederación española de empresas de formación (CECAP) Jaime López explicó que ante cursos de formación especializados o de elevado coste el Gobierno podría fijar un "precio público" y tanto la empresa como el trabajador asumir el coste, con el incentivo de deducciones fiscales.
Aseguró que "abrir la financiación privada" a la formación también incrementará el mercado de la formación, que "no deja de ser un servicio", y que facilita al trabajador el acceso al mercado laboral.
Además, recordó que este "copago" ya existe en la mayor parte de los países europeos. López incidió en la importancia del uso intensivo de la tecnología para aumentar la formación on line y recordó que en España la formación ronda el 32% de la población activa frente al 52% de la media de la Unión Europea.