INVESTIGACIÓN
Publicado el 02-10-2009 por Tamara Vázquez. Madrid.
España es el país europeo que más puestos de trabajo destruye en períodos de recesión económica. Un estudio elaborado por la escuela de negocios IESE analiza el impacto que el PIB tiene en cada mercado laboral comunitario y propone soluciones para crear empleo.
La caída de la producción en el sector de la construcción y su industria auxiliar y la desaceleración de la actividad en el sector servicios han tenido un fuerte impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) nacional, que desde 2007 al primer trimestre de este año se redujo en casi siete puntos porcentuales.
Esta caída ha tenido un efecto inmediato en la tasa de paro española, que en apenas dos años ha pasado del 8,3 por ciento al 17,4 por ciento, un crecimiento vertiginoso sin precedentes en el resto de países de la Unión Europea, según pone de manifiesto el estudio El mercado de trabajo español ante una nueva reforma laboral publicado esta semana por el IESE.
Según explica Sandalio Gómez, autor de la citada investigación, España necesitará que su PIB crezca de forma sostenida durante cuatro o cinco años para recuperar los niveles de paro anteriores a la crisis. Ésta es la conclusión que obtiene tras analizar las características del mercado de trabajo nacional y la “alta rigidez” de sus fórmulas de contratación. En su opinión, la generalización del contrato de fomento de la contratación indefinida, que ya popularizó temporalmente el Gobierno durante la reforma laboral de 2006, puede contribuir a potenciar el empleo estable, a reducir la temporalidad y a frenar la acusada destrucción de puestos de trabajo. Este contrato, que actualmente funciona para fomentar la inserción laboral de ciertos colectivos –como el de los jóvenes, los parados de larga duración, los discapacitados y los mayores de 45 años–, tiene unos costes de indemnización de 33 días por año trabajado (con un tope de veinticuatro meses).
Contrato a tiempo parcial
Entre otras medidas, el investigador también aboga por potenciar los contratos a tiempo parcial –una modalidad que "además de generar empleo, permite la conciliación laboral"–, y por reforzar el uso del despido por causas objetivas, al estilo italiano: "El objetivo es desanimar la utilización indiscriminada del despido disciplinario en empresas de más de cincuenta empleados, de modo que cuando se declare improcedente, el trabajador tenga la opción de readmisión".
En cuanto a la negociación colectiva, Gómez apuesta por que las empresas tengan la posibilidad de crear un convenio de base cero, que se reconfigure enteramente cada cuatro o cinco años, "para permitir que se adapte a las necesidades que las compañías tengan en cada momento". El autor del informe considera asimismo oportuno reducir en un 5% las cotizaciones de los empresarios, en línea con lo propuesto hace apenas dos meses por la CEOE, así como exigir a los desempleados que, en situaciones "excepcionales", trabajen en las Administraciones Públicas a cambio de la prestación social recibida.
En general, la batería de propuestas del informe suponen un esfuerzo mayor desde el punto de vista del profesional que del empresario. Un sacrificio que el autor cree que ayudará a adaptar el modelo laboral español al del resto de mercados europeos, que han demostrado una mayor flexibilidad para afrontar dificultades económicas.